EDDY LOAYZA ALHUAY

EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

2009-11-08T11:10:00.000-08:00

EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

1. CONCEPTO.

El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto inexcusable a la vida y sano desarrollo de esta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, en su aspecto físico y mental.

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de la persona. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo con sus convicciones.

El reconocimiento de este derecho implica, que ningún ser humano puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica.

El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se concibe como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en esas tres dimensiones.

La integridad física se refiere a la plenitud corporal del individuo; de allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o daño a su salud. La práctica de desapariciones forzadas, según lo manifestado por la Corte interamericana de Derechos Humanos, incluye el trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación también al derecho a la integridad física.

La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, forzado o manipulado mentalmente contra su voluntad. De esta manera, la práctica de desapariciones forzadas por el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

El derecho a la integridad psicofísica y moral no puede desligarse del derecho a la vida. Es así como la pretensión de un estudio académico sobre el tema ha de referirse -por lo menos genéricamente- al derecho a la vida, en cuanto constituye el presupuesto de todos los derechos humanos. No obstante, es necesario precisar que el bien de la personalidad protegido a través del derecho a la integridad es la vida humana, pero no considerada en su totalidad como derecho a la existencia, sino considerada parcialmente como derecho a no sufrir menoscabo en alguna de sus dimensiones fundamentales, bien sea corporal, psíquica, moral. Esta característica, entre otras, es la que permite distinguir el derecho a la integridad personal del derecho a la vida en sentido estricto.

2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE LO REGULAN.

Este derecho se encuentra consagrado en el derecho internacional en los Convenios de Ginebra de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (Art. 5), los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a los conflictos armados (protocolo II Art. 4)

A mediados de los años 60, tienen origen los tratados generales de derechos humanos como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (Artículo 7) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" de 1968 (Artículo 5), desde donde este derecho pasa a tener un mayor desarrollo legislativo internacional.

Debido a la preocupación de la comunidad internacional considerando la importancia de este derecho y lo reiterado de las prácticas mundiales violatorias de este derecho, es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 25 de junio de 1987, tras haber sido ratificada por 20 países. Para el año 2001 contaba con 124 Estados partes.

Asimismo, en el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos humanos se suscribe en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985 en el decimoquinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, que entra en vigor el 28 de febrero de 1987.

En Perú se encuentra recogido en la Constitución Política del Estado, en el Título I De la Persona y la Sociedad, Capítulo I Derechos Fundamentales de la Persona, Art. 2º inciso 1 y 24 párrafo h. que refiere: “… Toda persona tiene derecho: …A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar…” “…A la libertad y seguridad personales… Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometida a tortura o a tratos inhumanos o humillantes…” Igualmente, el atentado contra este derecho se halla penado por el Código Penal en el Título XIV-A Delitos contra la Humanidad.

JUSTICIA TRANSICIONAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

2008-09-21T16:35:00.000-07:00

La Justicia Transicional puede ser definida como la concepción de justicia asociada con períodos de cambio político, caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores.[1], es decir, surge para hacer frente al legado de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos. Este proceso acontece en el tránsito de un período de conflicto violento (ocurrido en una dictadura o democracia debilitada), hacia la paz, la consolidación de la democracia y el estado de derecho.

La Justicia Transicional interacciona con el Derecho Internacional Humanitario, en dos momentos bien definidos: antes y después del conflicto armado.
El primer momento corresponde a la etapa anterior al conflicto armado y se relaciona con el rol preventivo del Derecho Internacional Humanitario. En esta etapa el Estado tiene la obligación de garantizar la vigencia y aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario en el ámbito de su territorio nacional, ayudando, en consecuencia, a prevenir la comisión de Crímenes contra la Humanidad o violación de los derechos protegidos por el DIH durante el conflicto; lo cual va a permitir, posteriormente, al término de las hostilidades, que el proceso transicional sea mucho más factible.

El segundo momento ocurre posterior al conflicto armado, es decir, con el proceso transicional mismo. En esta etapa, las normas del Derecho Internacional Humanitario serán las sancionadoras, pues se instituye la obligación de poner fin a todas las violaciones del DIH y la de identificar y enjuiciar a las personas que hayan cometido violaciones graves del DIH en conflictos armados internacionales y conflictos armados internos (éstos últimos tipificados también como crímenes en el derecho internacional consuetudinario, reconocidos como tal en la jurisprudencia y en los estatutos de los tribunales internacionales). Se busca entonces una acción reparadora y sancionadora de la administración de justicia, para que dichos crímenes no vuelvan a repetirse nunca más.

Esta interacción puede darse de forma más positiva, antes de la existencia de conflictos armados, con acciones de difusión y educación de los ciudadanos civiles, militares y policiales, en materia de Derecho Internacional Humanitario y también de Derechos Humanos. Asimismo, al cese de las hostilidades, con la reforma del sistema de administración de justicia, de manera que éste cumpla con su papel de defensor de los derechos ciudadanos y del orden constitucional; y con una posibilidad efectiva del acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos, sin distinción de raza, sexo, credo, etc. Y obviamente, con la justicia efectiva que sancione a los autores y participes de los graves crímenes que se hubiesen cometido durante el conflicto armado.

[1] Ruti G. Teitel, “Transitional Justice Genealogy”, Publicado en Harvard Human Rights Journal, Vol. 16, Spring 2003, Cambridge, MA, pp. 69-94. traducido al castellano por el Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. © (2003) The President and Fellows of Harvard College and Harvard Human Rights Journal.

2008-08-23T18:28:00.000-07:00